LA REFORMA ME QUEDÓ A DEBER...

Entre los muchos temas pendientes que sigue postergando nuestro sistema laboral, aún después de la inminente publicación de la Reforma, sigue siendo el de la inclusión obligatoria (a falta de una voluntaria) de las personas con discapacidad a las fuerzas laborales de nuestro país.



No obstante se consiguió hacer obligatorio el que las instalaciones de aquellas fuentes de trabajo que integren a más de 50 empleados, adecuen sus espacios de tal modo que sean aptos para personas con discapacidad, no se impulsa a que este noble pero escueto objetivo, logre si quiera que esas bonitas modificaciones sean empleadas si quiera por alguien que las requiera.



El quid en cuestión debe de ser que nuestro marco legal incentive la contratación de personas con discapacidad. Sin embargo el problema no se podría resolver allí, cuando en nuestro mismo sistema educativo se relega el derecho Constitucional a la educación, de quienes padecemos alguna de estas condiciones, o se otorga a cuentagotas, en una completa discapacidad cognitiva de quienes la imparten.



Algunos esfuerzos se han venido haciendo en ciertas industrias, sin embargo en la mayoría de los casos los puestos que se ofertan son de una mínima importancia y se otorgan casi como un donativo a la beneficencia pública.



Aprendamos y pongamos en práctica los casos de éxito de otros países como España, que a pesar de la situación de desahucio económico en el que se encuentran y que es harina de otro costal, cuenta con políticas públicas que de verdad fomentan una inclusión integral de personas con discapacidad, a sus filas laborales por ministerio de ley, estableciendo que en aquellas empresas en las que se cuente con una plantilla de más de 50 trabajadores, se deberá de celebrar contratos de trabajo con personas con alguna discapacidad, en número equivalente a mínimo el 2% del total de su plantilla, y de no ser esto posible porque la naturaleza del trabajo no lo permita por cuestiones de logística o seguridad, se deberá de celebrar un contrato de proveeduría o de prestación de servicios externos con alguna institución o particular que esté constituida por personas con discapacidad, o en su defecto, realizar donaciones que se destinen a instituciones que formen y capaciten a dichas personas, y/o que impulsen la inserción laboral de las mismas.



Además de la legislación laboral, Muchos más esfuerzos pudieran hacerse desde los ámbitos fiscales y de la seguridad social, por nombrar algunos, pues de nada sirve promulgar leyes eufemísticas con títulos como “Ley Nacional General Omnipotente Y Universal Contra La Discriminación Laboral De Las Personas Con Discapacidad” si éstas no se acompañan de una gestión política y cultural integral que proyecte y prospecte las bondades sociales de la inclusión de quienes pertenecemos a este grupo social y del cual nadie está exento de pertenecer.



Lo anterior es solo un ejemplo de lo mucho que se puede hacer con tan poco. 5 o 6 párrafos harían una diferencia sustancial, aunque desgraciadamente no inmediatamente radical, sobre la situación laboral con la que nos enfrentamos cientos de miles de personas en esta, en ocasiones gris realidad.



Oportunidades sobrarán para desmenuzar más aspectos de los cambios integrados en la nueva más no reluciente Reforma Laboral, y aunque hay cientos de temas que deben de ser pulidos y clarificados, yo no soy de la idea desgarrante de quienes pregonan que nos dieron atole con el dedo. Ya el tiempo le dará la razón a los detractores o a quienes vemos el vaso más bien medio lleno; yo soy de la idea de que si en 40 años no se habían hecho modificaciones de fondo, algo bueno tiene que venir con estas.

Desde el Puente de Londres para el mundo.

KARA